En el debate público sobre permisología suele hablarse de grandes proyectos mineros, energéticos o de infraestructura. Sin embargo, existe una permisología silenciosa que afecta a miles de pymes todos los días y que rara vez aparece en los titulares: patentes municipales, autorizaciones sanitarias, cambios de giro, permisos de funcionamiento, recepciones finales, informes técnicos y una larga lista de trámites que, acumulados, terminan por ahogar la actividad económica local.

Para una pequeña empresa, estos permisos no son un detalle administrativo. Son la diferencia entre abrir o no abrir, entre contratar o no contratar, entre sobrevivir o cerrar. Un retraso de tres o cuatro meses, que para un gran proyecto puede ser absorbido financieramente, para una pyme suele ser terminal.

Algunos ejemplos son recurrentes en todo el país. La obtención de una patente municipal definitiva, que en algunas comunas puede resolverse en pocas semanas, en otras puede extenderse por varios meses, dependiendo de criterios internos, exigencias adicionales o simples cuellos de botella administrativos. Lo mismo ocurre con las autorizaciones sanitarias, donde los plazos, requisitos y criterios de fiscalización varían significativamente entre territorios, aun cuando la normativa es nacional.

Otro caso frecuente es el cambio de giro comercial. Para una pyme que necesita adaptarse rápidamente al mercado —por ejemplo, incorporar venta de alimentos, delivery o servicios complementarios— este trámite puede transformarse en una barrera que paraliza la operación. A esto se suman las recepciones finales de obras menores, exigidas incluso para adecuaciones básicas, cuyo tiempo de tramitación depende más de la capacidad municipal que de la complejidad real del proyecto.

Esta disparidad territorial genera una inequidad profunda: no es lo mismo emprender en una comuna que en otra, aun tratándose del mismo negocio, bajo la misma ley y en el mismo país. En la práctica, el éxito o fracaso de una pyme muchas veces queda condicionado al lugar donde se instala y no a la calidad de su proyecto.

Diversos reportajes y análisis han mostrado cómo la fragmentación regulatoria y la discrecionalidad afectan la inversión, como lo ha planteado la Confederación de la Producción y del Comercio y distintos economistas en la discusión sobre crecimiento. Sin embargo, este fenómeno es aún más grave en la pequeña empresa, donde no existen espaldas financieras para esperar indefinidamente.

Desde la experiencia territorial, el problema no es la existencia de regulaciones. Las pymes entienden la necesidad de estándares sanitarios, de seguridad y de ordenamiento urbano. El problema está en su diseño operativo y en su aplicación desigual. La literatura académica ha sido clara en señalar que los costos regulatorios son proporcionalmente más altos para las empresas pequeñas, afectando su productividad y su formalización.

La solución no pasa por eliminar estándares ni por relajar controles, sino por establecer estándares reales de tramitación, plazos ciertos, criterios homogéneos y una mejor coordinación entre servicios. Una pyme necesita saber cuánto se va a demorar un permiso y qué se le va a exigir, independientemente de la comuna en la que opere.

Si Chile aspira a crecer al 4% o 5%, como se ha planteado en la prensa económica, la permisología pyme debe entrar de lleno en la agenda pública. No como un tema secundario, sino como una condición estructural para el desarrollo de nuevos empresarios, la generación de empleo y la reactivación económica desde los territorios.