Uno de los principales desafíos del ecosistema emprendedor chileno es la transición desde la subsistencia hacia el crecimiento empresarial. Muchas pequeñas empresas logran iniciar su actividad y mantenerse operativas durante años, pero pocas logran expandirse de manera significativa.

Este fenómeno responde a múltiples factores. En primer lugar, el acceso al financiamiento sigue siendo una barrera relevante para muchas pymes. Sin capital suficiente, resulta difícil invertir en tecnología, mejorar procesos o ampliar mercados.

En segundo lugar, el acceso a redes comerciales y oportunidades de mercado es determinante. Las empresas que logran integrarse a cadenas de valor más amplias o establecer relaciones comerciales estables suelen tener mayores posibilidades de crecimiento.

Otro elemento clave es el entorno regulatorio. Trámites complejos, plazos inciertos o requisitos desproporcionados pueden frenar decisiones de inversión que serían fundamentales para el desarrollo de una empresa.

Finalmente, el acompañamiento técnico y la formación empresarial cumplen un rol importante. Muchas pymes necesitan apoyo en áreas como gestión financiera, comercialización, digitalización o innovación para consolidar su crecimiento.

El desafío de las políticas de fomento productivo es justamente abordar estas brechas de manera integral. No se trata solo de apoyar el inicio de un negocio, sino de generar las condiciones para que las empresas puedan desarrollarse, crecer y contribuir al dinamismo económico del país.

Cuando una pyme logra dar ese salto, sus efectos van más allá del propio negocio: genera empleo, fortalece el tejido productivo y aporta al desarrollo de su territorio.

El crecimiento económico suele asociarse a grandes inversiones, infraestructura de gran escala o proyectos industriales relevantes. Sin embargo, una parte importante del dinamismo económico de un país se genera a partir de actividades productivas mucho más cercanas a la vida cotidiana de las personas.

En barrios, comunas y pequeñas ciudades, miles de emprendedores y pequeños empresarios impulsan negocios que sostienen el comercio local, generan empleo y dinamizan la economía territorial. Desde pequeños comercios hasta servicios especializados, estas iniciativas conforman una red económica que muchas veces pasa desapercibida en el debate macroeconómico.

El desarrollo económico local ha sido ampliamente estudiado en la literatura académica y en experiencias internacionales. Una de sus conclusiones más relevantes es que el crecimiento sostenible requiere fortalecer las capacidades productivas del territorio, promoviendo la articulación entre empresas, instituciones públicas y actores locales.

En este contexto, los municipios, las organizaciones empresariales y las instituciones de fomento pueden desempeñar un rol estratégico en la generación de ecosistemas que favorezcan el desarrollo de nuevas empresas y el crecimiento de las existentes.

Cuando se fortalece la actividad económica en los barrios y comunas, se produce un efecto multiplicador: se crean empleos, se activan redes comerciales y se genera mayor estabilidad económica en el territorio.

El desafío de las políticas públicas es reconocer esta dimensión territorial del crecimiento y diseñar instrumentos que permitan potenciarla de manera efectiva.

En el debate público sobre permisología suele hablarse de grandes proyectos mineros, energéticos o de infraestructura. Sin embargo, existe una permisología silenciosa que afecta a miles de pymes todos los días y que rara vez aparece en los titulares: patentes municipales, autorizaciones sanitarias, cambios de giro, permisos de funcionamiento, recepciones finales, informes técnicos y una larga lista de trámites que, acumulados, terminan por ahogar la actividad económica local.

Para una pequeña empresa, estos permisos no son un detalle administrativo. Son la diferencia entre abrir o no abrir, entre contratar o no contratar, entre sobrevivir o cerrar. Un retraso de tres o cuatro meses, que para un gran proyecto puede ser absorbido financieramente, para una pyme suele ser terminal.

Algunos ejemplos son recurrentes en todo el país. La obtención de una patente municipal definitiva, que en algunas comunas puede resolverse en pocas semanas, en otras puede extenderse por varios meses, dependiendo de criterios internos, exigencias adicionales o simples cuellos de botella administrativos. Lo mismo ocurre con las autorizaciones sanitarias, donde los plazos, requisitos y criterios de fiscalización varían significativamente entre territorios, aun cuando la normativa es nacional.

Otro caso frecuente es el cambio de giro comercial. Para una pyme que necesita adaptarse rápidamente al mercado —por ejemplo, incorporar venta de alimentos, delivery o servicios complementarios— este trámite puede transformarse en una barrera que paraliza la operación. A esto se suman las recepciones finales de obras menores, exigidas incluso para adecuaciones básicas, cuyo tiempo de tramitación depende más de la capacidad municipal que de la complejidad real del proyecto.

Esta disparidad territorial genera una inequidad profunda: no es lo mismo emprender en una comuna que en otra, aun tratándose del mismo negocio, bajo la misma ley y en el mismo país. En la práctica, el éxito o fracaso de una pyme muchas veces queda condicionado al lugar donde se instala y no a la calidad de su proyecto.

Diversos reportajes y análisis han mostrado cómo la fragmentación regulatoria y la discrecionalidad afectan la inversión, como lo ha planteado la Confederación de la Producción y del Comercio y distintos economistas en la discusión sobre crecimiento. Sin embargo, este fenómeno es aún más grave en la pequeña empresa, donde no existen espaldas financieras para esperar indefinidamente.

Desde la experiencia territorial, el problema no es la existencia de regulaciones. Las pymes entienden la necesidad de estándares sanitarios, de seguridad y de ordenamiento urbano. El problema está en su diseño operativo y en su aplicación desigual. La literatura académica ha sido clara en señalar que los costos regulatorios son proporcionalmente más altos para las empresas pequeñas, afectando su productividad y su formalización.

La solución no pasa por eliminar estándares ni por relajar controles, sino por establecer estándares reales de tramitación, plazos ciertos, criterios homogéneos y una mejor coordinación entre servicios. Una pyme necesita saber cuánto se va a demorar un permiso y qué se le va a exigir, independientemente de la comuna en la que opere.

Si Chile aspira a crecer al 4% o 5%, como se ha planteado en la prensa económica, la permisología pyme debe entrar de lleno en la agenda pública. No como un tema secundario, sino como una condición estructural para el desarrollo de nuevos empresarios, la generación de empleo y la reactivación económica desde los territorios.

SERCOTEC ha cumplido históricamente un rol relevante en el apoyo a emprendedores y pequeñas y medianas empresas en Chile. Sin embargo, el contexto económico actual exige una evolución institucional. Hoy no basta con administrar instrumentos; se requiere ejecutar una estrategia de reactivación económica territorial con impacto medible.

Para dimensionar su relevancia, conviene mirar la escala. SERCOTEC administra anualmente decenas de miles de millones de pesos, con presupuestos que, según el año y la priorización gubernamental, se mueven en el orden de los $200 mil millones, considerando instrumentos propios, programas territoriales y recursos apalancados con gobiernos regionales. A esto se suma una cobertura nacional, con presencia en todas las regiones del país y una red que combina direcciones regionales, programas concursables y una extensa red de atención a pymes.

Uno de sus activos más relevantes es la Red de Centros de Negocios, que alcanza más de 60 centros a nivel nacional, complementados por puntos de atención satélite, lo que permite llegar a comunas donde el Estado productivo muchas veces no tiene presencia permanente. A través de esta red, SERCOTEC atiende cientos de miles de emprendedores y pequeñas empresas cada año, acompañándolos en gestión, ventas, formalización y acceso a redes.

La prensa especializada ha mostrado cómo distintos servicios públicos enfrentan el desafío de pasar desde la lógica de programas a la lógica de resultados. En ese marco, SERCOTEC tiene una ventaja comparativa única: capilaridad territorial, conocimiento acumulado de la pyme real y contacto directo y permanente con quienes generan empleo local. Pocos servicios del Estado cuentan con ese nivel de información de primera línea.

Transformar a SERCOTEC en un operador efectivo de reactivación económica no requiere grandes reformas legales ni nuevas institucionalidades. Requiere foco estratégico, priorización de instrumentos, indicadores económicos claros y, sobre todo, conducción institucional. El desafío es pasar del subsidio aislado al impacto económico medible: ventas, empleo generado, formalización efectiva y supervivencia empresarial.

Cuando un servicio que maneja recursos de esta magnitud y tiene alcance nacional actúa solo como administrador de fondos, el país pierde una oportunidad. Cuando se le orienta con claridad, puede transformarse en un brazo ejecutor clave de la política económica, especialmente en regiones y sectores donde la reactivación no llega sola.

El crecimiento económico no se decreta desde Santiago. Se construye en las regiones, con realidades productivas distintas, vocaciones diversas y capacidades institucionales desiguales. Cualquier estrategia de reactivación que ignore esta evidencia está condenada a tener resultados parciales o derechamente fallidos.

Distintos análisis publicados en la prensa nacional han insistido en la necesidad de descentralizar la inversión y el desarrollo productivo, pero en la práctica muchas políticas siguen diseñándose bajo una lógica homogénea, con instrumentos estandarizados que no dialogan con la realidad regional ni con la urgencia local. En regiones, el tiempo no es una variable neutra: un retraso administrativo puede significar la pérdida definitiva de un emprendimiento o de una fuente de empleo.

En ese contexto, los instrumentos de fomento productivo deben reactivarse con un enfoque regional, utilizando de manera más decidida fondos regionales y mecanismos de cofinanciamiento que permitan llegar a quienes realmente necesitan herramientas para emprender, crecer y sostener sus negocios. No se trata solo de más recursos, sino de mejor diseño, mayor flexibilidad y velocidad en la ejecución.

La experiencia en terreno muestra que los gobiernos regionales y los municipios pueden ser aliados estratégicos, siempre que se mejoren las condiciones de trabajo conjunto, se reduzca la burocracia y se establezcan reglas claras de operación. Hoy, muchas iniciativas se entrampan no por falta de voluntad, sino por procesos excesivamente lentos, fragmentados o condicionados por ciclos políticos.

Este punto es clave: Chile tiene gobiernos cortos y elecciones permanentes, especialmente a nivel municipal. Esperar alineamientos políticos o tiempos administrativos extensos no solo es ineficiente, sino que atenta contra el desarrollo económico local. La reactivación requiere sentido de urgencia y una convicción compartida en todo el Estado de que los recursos deben llegar rápido al territorio, con foco en resultados y no en la mera tramitación.

Para que esto funcione, es fundamental que todos los componentes del Estado trabajen bajo una misma lógica: facilitar, coordinar y ejecutar. El desarrollo de nuevos empresarios no es un tema accesorio ni sectorial; es un elemento vital para el crecimiento del país, la generación de empleo y la cohesión social. Cada emprendimiento que no despega por trabas innecesarias es una oportunidad perdida para Chile.

Reactivar desde las regiones no es un eslogan ni una consigna política. Es una condición estructural para crecer de manera sostenible, especialmente en un país diverso, extenso y con profundas brechas territoriales. Entenderlo y actuar en consecuencia es uno de los desafíos más relevantes de la política económica actual.

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