El rol del Estado en el desarrollo económico ha sido objeto de debate permanente. Mientras algunos sostienen que el mercado debe operar con mínima intervención, otros consideran que el crecimiento depende de una acción pública decidida. En la práctica, la experiencia internacional muestra que las economías más dinámicas logran un equilibrio: un Estado que establece reglas claras, reduce fricciones y facilita el desarrollo empresarial.

En Chile, el desafío no ha sido tanto la ausencia de políticas públicas orientadas al emprendimiento, sino su correcta implementación. Durante las últimas décadas se ha construido un sistema de fomento productivo que combina financiamiento, acompañamiento empresarial y programas de innovación. Instituciones como CORFO han impulsado instrumentos orientados al desarrollo tecnológico, la innovación y la competitividad, mientras SERCOTEC ha centrado su trabajo en el apoyo directo a emprendedores y pequeñas empresas.

El problema surge cuando la política pública, en lugar de facilitar el desarrollo empresarial, se transforma en una carga adicional para quienes buscan emprender o hacer crecer sus negocios. Trámites excesivos, programas poco coordinados o instrumentos difíciles de acceder pueden terminar generando el efecto contrario al buscado.

Un ejemplo interesante de cómo el Estado puede facilitar el desarrollo empresarial es la red de Centros de Negocios impulsada por SERCOTEC, que entrega asesoría técnica gratuita a pequeñas empresas en todo el país. Este modelo, inspirado en experiencias internacionales como el Small Business Development Center (SBDC) de Estados Unidos, demuestra que el acompañamiento empresarial puede generar mejoras concretas en ventas, formalización y crecimiento de los negocios.

Por su parte, CORFO ha desarrollado instrumentos orientados a fortalecer la innovación y el emprendimiento dinámico, permitiendo que nuevas empresas tecnológicas o proyectos de alto potencial puedan acceder a financiamiento y redes de apoyo.

El desafío hacia adelante no es crear más instituciones, sino mejorar la articulación entre las existentes, reducir la burocracia y fortalecer la capacidad de ejecución. Cuando el Estado logra facilitar el crecimiento empresarial sin interferir innecesariamente en la operación de las empresas, se convierte en un aliado del desarrollo económico.

En definitiva, el objetivo de la política pública no debería ser reemplazar al mercado, sino crear las condiciones para que las empresas puedan crecer, innovar y generar empleo.