La importancia de ejecutar bien las políticas públicas

En el debate sobre políticas públicas suele ponerse gran atención en el diseño de nuevas leyes o programas. Sin embargo, la evidencia internacional demuestra que muchas políticas fracasan no por un mal diseño, sino por una implementación deficiente.

La ejecución de políticas públicas requiere liderazgo institucional, equipos capacitados, procesos claros y mecanismos de seguimiento que permitan corregir errores a tiempo. Sin estas condiciones, incluso las mejores iniciativas pueden perder efectividad.

En el ámbito del desarrollo productivo, la ejecución adquiere una importancia particular. Los emprendedores y pequeñas empresas necesitan respuestas rápidas y soluciones concretas para enfrentar los desafíos de sus negocios.

Instituciones como SERCOTEC y CORFO han desarrollado, a lo largo del tiempo, capacidades relevantes para implementar políticas de apoyo empresarial en todo el país. La existencia de redes territoriales, instrumentos de financiamiento y programas de acompañamiento empresarial constituye una base importante sobre la cual seguir construyendo.

Sin embargo, el contexto económico actual exige fortalecer aún más estas capacidades de ejecución. La coordinación entre instituciones, la simplificación de procesos y la mejora en la gestión de los programas son elementos clave para aumentar el impacto de las políticas públicas.

La academia ha insistido en que la capacidad del Estado para implementar políticas de manera efectiva es uno de los factores que explican las diferencias de desarrollo entre países.

En ese sentido, más que multiplicar iniciativas, el desafío consiste en ejecutar bien aquellas que ya existen, asegurando que los instrumentos de fomento productivo lleguen a las empresas con rapidez, claridad y efectividad.

Cuando las políticas públicas se implementan correctamente, el resultado no solo se refleja en estadísticas o indicadores administrativos, sino en empresas que crecen, empleos que se generan y territorios que se desarrollan.

Cuando la política pública no llega a las regiones

Uno de los principales desafíos de las políticas públicas de desarrollo productivo es lograr que sus instrumentos lleguen efectivamente a quienes más los necesitan. En muchas ocasiones, las iniciativas diseñadas a nivel central no logran desplegarse con la misma intensidad en todo el territorio.

Chile es un país con una diversidad productiva significativa. Las realidades económicas de una comuna agrícola, una ciudad portuaria o una localidad turística pueden ser completamente distintas. Diseñar políticas públicas con una lógica homogénea puede generar brechas importantes en su implementación.

Aquí es donde la presencia territorial de las instituciones de fomento productivo adquiere una relevancia estratégica. La red de Centros de Negocios de SERCOTEC, por ejemplo, ha permitido acercar herramientas de gestión empresarial a miles de emprendedores que, de otro modo, tendrían dificultades para acceder a este tipo de apoyo.

Del mismo modo, los programas regionales impulsados por CORFO han buscado fortalecer ecosistemas productivos específicos, promoviendo clusters, redes de innovación y proyectos colaborativos entre empresas, universidades e instituciones públicas.

La experiencia demuestra que las políticas públicas funcionan mejor cuando logran adaptarse a las realidades territoriales y cuando cuentan con equipos capaces de interpretar las necesidades locales.

El desafío no es solo descentralizar recursos, sino también desarrollar capacidades institucionales en los territorios que permitan implementar las políticas de manera efectiva.

Cuando la política pública logra conectar con el territorio, los instrumentos de fomento productivo dejan de ser programas abstractos y se transforman en herramientas concretas para impulsar el desarrollo económico local.

Programas públicos: del subsidio al impacto económico real

Uno de los principales desafíos de la política pública en materia de desarrollo productivo es pasar de la lógica de la entrega de subsidios hacia una lógica centrada en resultados económicos concretos.

Durante años, muchas iniciativas públicas han sido evaluadas principalmente por indicadores de gestión administrativa: número de beneficiarios atendidos, cantidad de proyectos financiados o número de capacitaciones realizadas. Sin embargo, estos indicadores no necesariamente reflejan el impacto real que dichas políticas generan en la economía.

El verdadero desafío es medir resultados más relevantes: aumento en ventas, generación de empleo, crecimiento de las empresas o consolidación de nuevos mercados. Este enfoque es el que ha comenzado a instalarse progresivamente en distintas instituciones del sistema de fomento productivo chileno.

En el caso de SERCOTEC, los Centros de Negocios han incorporado metodologías de seguimiento que permiten evaluar el impacto de la asesoría empresarial en el desempeño de las pymes. El acompañamiento permanente, la identificación de brechas y el apoyo en áreas clave como gestión comercial o digitalización han demostrado ser herramientas efectivas para mejorar la competitividad de las pequeñas empresas.

Por otro lado, CORFO ha impulsado programas orientados a fortalecer la innovación empresarial, promoviendo proyectos que generen nuevos productos, procesos o modelos de negocio. Estos instrumentos buscan precisamente aumentar la productividad y la capacidad de crecimiento de las empresas.

La literatura académica sobre evaluación de políticas públicas es clara en este punto: las políticas de desarrollo productivo deben medirse por su impacto económico real y no solo por su nivel de ejecución presupuestaria.

Esto implica también mejorar la coordinación entre programas, evitar duplicidades institucionales y asegurar que los recursos públicos se orienten hacia iniciativas con mayor potencial de impacto.

En un contexto donde el crecimiento económico vuelve a ser una prioridad para el país, la pregunta ya no es solo cuántos programas existen, sino qué resultados están generando en la economía real.

Cómo el Estado puede ayudar a crecer sin volverse un obstáculo

El rol del Estado en el desarrollo económico ha sido objeto de debate permanente. Mientras algunos sostienen que el mercado debe operar con mínima intervención, otros consideran que el crecimiento depende de una acción pública decidida. En la práctica, la experiencia internacional muestra que las economías más dinámicas logran un equilibrio: un Estado que establece reglas claras, reduce fricciones y facilita el desarrollo empresarial.

En Chile, el desafío no ha sido tanto la ausencia de políticas públicas orientadas al emprendimiento, sino su correcta implementación. Durante las últimas décadas se ha construido un sistema de fomento productivo que combina financiamiento, acompañamiento empresarial y programas de innovación. Instituciones como CORFO han impulsado instrumentos orientados al desarrollo tecnológico, la innovación y la competitividad, mientras SERCOTEC ha centrado su trabajo en el apoyo directo a emprendedores y pequeñas empresas.

El problema surge cuando la política pública, en lugar de facilitar el desarrollo empresarial, se transforma en una carga adicional para quienes buscan emprender o hacer crecer sus negocios. Trámites excesivos, programas poco coordinados o instrumentos difíciles de acceder pueden terminar generando el efecto contrario al buscado.

Un ejemplo interesante de cómo el Estado puede facilitar el desarrollo empresarial es la red de Centros de Negocios impulsada por SERCOTEC, que entrega asesoría técnica gratuita a pequeñas empresas en todo el país. Este modelo, inspirado en experiencias internacionales como el Small Business Development Center (SBDC) de Estados Unidos, demuestra que el acompañamiento empresarial puede generar mejoras concretas en ventas, formalización y crecimiento de los negocios.

Por su parte, CORFO ha desarrollado instrumentos orientados a fortalecer la innovación y el emprendimiento dinámico, permitiendo que nuevas empresas tecnológicas o proyectos de alto potencial puedan acceder a financiamiento y redes de apoyo.

El desafío hacia adelante no es crear más instituciones, sino mejorar la articulación entre las existentes, reducir la burocracia y fortalecer la capacidad de ejecución. Cuando el Estado logra facilitar el crecimiento empresarial sin interferir innecesariamente en la operación de las empresas, se convierte en un aliado del desarrollo económico.

En definitiva, el objetivo de la política pública no debería ser reemplazar al mercado, sino crear las condiciones para que las empresas puedan crecer, innovar y generar empleo.

Qué necesita una pyme para pasar de sobrevivir a crecer

Uno de los principales desafíos del ecosistema emprendedor chileno es la transición desde la subsistencia hacia el crecimiento empresarial. Muchas pequeñas empresas logran iniciar su actividad y mantenerse operativas durante años, pero pocas logran expandirse de manera significativa.

Este fenómeno responde a múltiples factores. En primer lugar, el acceso al financiamiento sigue siendo una barrera relevante para muchas pymes. Sin capital suficiente, resulta difícil invertir en tecnología, mejorar procesos o ampliar mercados.

En segundo lugar, el acceso a redes comerciales y oportunidades de mercado es determinante. Las empresas que logran integrarse a cadenas de valor más amplias o establecer relaciones comerciales estables suelen tener mayores posibilidades de crecimiento.

Otro elemento clave es el entorno regulatorio. Trámites complejos, plazos inciertos o requisitos desproporcionados pueden frenar decisiones de inversión que serían fundamentales para el desarrollo de una empresa.

Finalmente, el acompañamiento técnico y la formación empresarial cumplen un rol importante. Muchas pymes necesitan apoyo en áreas como gestión financiera, comercialización, digitalización o innovación para consolidar su crecimiento.

El desafío de las políticas de fomento productivo es justamente abordar estas brechas de manera integral. No se trata solo de apoyar el inicio de un negocio, sino de generar las condiciones para que las empresas puedan desarrollarse, crecer y contribuir al dinamismo económico del país.

Cuando una pyme logra dar ese salto, sus efectos van más allá del propio negocio: genera empleo, fortalece el tejido productivo y aporta al desarrollo de su territorio.

El crecimiento económico también se construye desde los barrios

El crecimiento económico suele asociarse a grandes inversiones, infraestructura de gran escala o proyectos industriales relevantes. Sin embargo, una parte importante del dinamismo económico de un país se genera a partir de actividades productivas mucho más cercanas a la vida cotidiana de las personas.

En barrios, comunas y pequeñas ciudades, miles de emprendedores y pequeños empresarios impulsan negocios que sostienen el comercio local, generan empleo y dinamizan la economía territorial. Desde pequeños comercios hasta servicios especializados, estas iniciativas conforman una red económica que muchas veces pasa desapercibida en el debate macroeconómico.

El desarrollo económico local ha sido ampliamente estudiado en la literatura académica y en experiencias internacionales. Una de sus conclusiones más relevantes es que el crecimiento sostenible requiere fortalecer las capacidades productivas del territorio, promoviendo la articulación entre empresas, instituciones públicas y actores locales.

En este contexto, los municipios, las organizaciones empresariales y las instituciones de fomento pueden desempeñar un rol estratégico en la generación de ecosistemas que favorezcan el desarrollo de nuevas empresas y el crecimiento de las existentes.

Cuando se fortalece la actividad económica en los barrios y comunas, se produce un efecto multiplicador: se crean empleos, se activan redes comerciales y se genera mayor estabilidad económica en el territorio.

El desafío de las políticas públicas es reconocer esta dimensión territorial del crecimiento y diseñar instrumentos que permitan potenciarla de manera efectiva.

Las pymes: el motor silencioso del empleo en Chile

Cuando se analiza la economía chilena, muchas veces la atención se concentra en los grandes proyectos de inversión, las exportaciones o los principales sectores productivos. Sin embargo, existe un motor silencioso que sostiene una parte fundamental del empleo y la actividad económica del país: las pequeñas y medianas empresas.

Las pymes no solo representan una parte importante del tejido empresarial chileno, sino que también cumplen un rol clave en la generación de empleo local. En miles de comunas del país, son estas empresas las que mantienen activa la economía cotidiana, desde el comercio y los servicios hasta actividades productivas de menor escala.

A diferencia de las grandes empresas, las pymes suelen estar profundamente vinculadas a su territorio. Contratan trabajadores locales, compran a proveedores cercanos y mantienen relaciones económicas que fortalecen las comunidades donde operan.

Por esta razón, cuando se habla de crecimiento económico, es fundamental mirar también el impacto que tienen las políticas públicas en este segmento empresarial. Un entorno regulatorio complejo, dificultades de acceso a financiamiento o retrasos en pagos pueden afectar directamente su capacidad de generar empleo.

La experiencia internacional muestra que los países que logran fortalecer su tejido de pequeñas y medianas empresas también construyen economías más resilientes y diversificadas. En ese sentido, apoyar a las pymes no es solo una política de emprendimiento; es una estrategia de desarrollo económico.

Reconocer su importancia implica diseñar políticas públicas que no solo faciliten su creación, sino también su consolidación y crecimiento. Cuando una pyme crece, no solo mejora su situación económica, también crea nuevas oportunidades para su entorno.

Chile necesita más empresarios, no solo más emprendedores

Durante las últimas décadas, el emprendimiento ha sido promovido como una de las principales vías para el desarrollo económico y la movilidad social en Chile. Programas públicos, incubadoras, fondos concursables y múltiples iniciativas han incentivado a miles de personas a iniciar proyectos propios. Sin embargo, el desafío actual ya no es solo crear más emprendedores, sino lograr que más de ellos se transformen en empresarios.

La diferencia no es menor. Emprender muchas veces responde a una necesidad inmediata de generar ingresos, mientras que construir una empresa implica consolidar un modelo de negocio sostenible, generar empleo y aportar de manera estable al crecimiento económico. En Chile, una parte importante del emprendimiento surge por necesidad y no por oportunidad, lo que explica por qué muchos proyectos nacen con baja escala y alta fragilidad.

Diversos estudios del ecosistema emprendedor han señalado que la mayor brecha no está en la creación de nuevas iniciativas, sino en su capacidad de crecimiento. El país cuenta con miles de emprendedores, pero aún necesita más empresas capaces de escalar, innovar y competir en mercados más amplios.

La política pública tiene aquí un rol clave. Durante años se ha puesto énfasis en el inicio del emprendimiento, pero el desafío de la próxima etapa es acompañar el tránsito desde el emprendimiento hacia la empresa. Esto implica acceso a financiamiento adecuado, redes comerciales, acompañamiento técnico y un entorno regulatorio que facilite el crecimiento.

El desarrollo económico de Chile dependerá en buena medida de su capacidad para fortalecer su tejido empresarial. Los emprendedores son el punto de partida, pero son los empresarios quienes finalmente generan empleo, invierten en el territorio y contribuyen al desarrollo productivo del país.

La permisología invisible que está asfixiando a las pymes en Chile

alejandromiranda.com

En el debate público sobre permisología suele hablarse de grandes proyectos mineros, energéticos o de infraestructura. Sin embargo, existe una permisología silenciosa que afecta a miles de pymes todos los días y que rara vez aparece en los titulares: patentes municipales, autorizaciones sanitarias, cambios de giro, permisos de funcionamiento, recepciones finales, informes técnicos y una larga lista de trámites que, acumulados, terminan por ahogar la actividad económica local.

Para una pequeña empresa, estos permisos no son un detalle administrativo. Son la diferencia entre abrir o no abrir, entre contratar o no contratar, entre sobrevivir o cerrar. Un retraso de tres o cuatro meses, que para un gran proyecto puede ser absorbido financieramente, para una pyme suele ser terminal.

Algunos ejemplos son recurrentes en todo el país. La obtención de una patente municipal definitiva, que en algunas comunas puede resolverse en pocas semanas, en otras puede extenderse por varios meses, dependiendo de criterios internos, exigencias adicionales o simples cuellos de botella administrativos. Lo mismo ocurre con las autorizaciones sanitarias, donde los plazos, requisitos y criterios de fiscalización varían significativamente entre territorios, aun cuando la normativa es nacional.

Otro caso frecuente es el cambio de giro comercial. Para una pyme que necesita adaptarse rápidamente al mercado —por ejemplo, incorporar venta de alimentos, delivery o servicios complementarios— este trámite puede transformarse en una barrera que paraliza la operación. A esto se suman las recepciones finales de obras menores, exigidas incluso para adecuaciones básicas, cuyo tiempo de tramitación depende más de la capacidad municipal que de la complejidad real del proyecto.

Esta disparidad territorial genera una inequidad profunda: no es lo mismo emprender en una comuna que en otra, aun tratándose del mismo negocio, bajo la misma ley y en el mismo país. En la práctica, el éxito o fracaso de una pyme muchas veces queda condicionado al lugar donde se instala y no a la calidad de su proyecto.

Diversos reportajes y análisis han mostrado cómo la fragmentación regulatoria y la discrecionalidad afectan la inversión, como lo ha planteado la Confederación de la Producción y del Comercio y distintos economistas en la discusión sobre crecimiento. Sin embargo, este fenómeno es aún más grave en la pequeña empresa, donde no existen espaldas financieras para esperar indefinidamente.

Desde la experiencia territorial, el problema no es la existencia de regulaciones. Las pymes entienden la necesidad de estándares sanitarios, de seguridad y de ordenamiento urbano. El problema está en su diseño operativo y en su aplicación desigual. La literatura académica ha sido clara en señalar que los costos regulatorios son proporcionalmente más altos para las empresas pequeñas, afectando su productividad y su formalización.

La solución no pasa por eliminar estándares ni por relajar controles, sino por establecer estándares reales de tramitación, plazos ciertos, criterios homogéneos y una mejor coordinación entre servicios. Una pyme necesita saber cuánto se va a demorar un permiso y qué se le va a exigir, independientemente de la comuna en la que opere.

Si Chile aspira a crecer al 4% o 5%, como se ha planteado en la prensa económica, la permisología pyme debe entrar de lleno en la agenda pública. No como un tema secundario, sino como una condición estructural para el desarrollo de nuevos empresarios, la generación de empleo y la reactivación económica desde los territorios.

El compromiso de la academia con la creación de empresas

Una de las cosas que más necesita Chile es que sus instituciones se la jueguen de verdad por el emprendimiento. Nuestro país crece cuando surgen nuevas y mejores empresas, y cuando se generan condiciones reales para que las ideas se transformen en negocios sostenibles.

La academia debe entender que el emprendimiento no se impulsa solo con charlas o talleres de figuras conocidas. Se requiere mucho más que eso: una infraestructura que opere en distintos frentes, con múltiples herramientas y formatos. Fomentar el espíritu emprendedor no se logra con una charla motivacional. Se necesita crear ambientes donde el emprendimiento se respire, se sienta, y ocurra.
Eso implica tener espacios donde se converse de emprendimiento todos los días; donde haya talleres y charlas frecuentes, accesibles y repetidas; donde exista una plataforma online con contenidos; y donde los docentes sean parte del ecosistema: personas que no solo enseñan, sino que emprenden, acompañan y guían.

INACAP es un gran ejemplo de esto. Con iniciativas como CREA Empresas, la Red FAB, los docentes mentores, el Consejo +PYME, la Vitrina del Emprendedor, los Clubes de Emprendimiento y la plataforma CREA Empresas Online, la institución ha demostrado que se puede construir un ecosistema académico real.

Y como broche de oro, está la Semana Chile Emprende, una de las acciones más potentes del mundo académico en Chile. Durante una semana, todas las sedes se activan con talleres, ferias, charlas, mentorías y encuentros colaborativos.
Lo más valioso: no es una acción de una sola área. Es toda la institución movilizada por el emprendimiento. Una academia que cree en crear empresas.

Este año se celebra desde el 21 al 25 de Abril.
https://lnkd.in/ePAFTEGZ

Lanzamiento Semana Emprendimiento 2024

alejandromiranda.com