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Chile inicia un nuevo ciclo con foco en crecimiento, inversión y empresas

José Antonio Kast como nuevo Presidente de Chile abre una etapa que muchos actores del mundo productivo ven como una oportunidad para retomar una agenda clara de crecimiento económico, inversión y fortalecimiento de las empresas. Después de años marcados por bajo dinamismo económico, incertidumbre regulatoria y dificultades para impulsar proyectos productivos, el país enfrenta ahora el desafío de recuperar el crecimiento como prioridad central de la política pública.

Uno de los elementos más destacados del nuevo ciclo político es la señal que se entrega al mundo empresarial y a los inversionistas: la economía vuelve a ocupar un lugar central en la agenda del Estado. Una mirada orientada al crecimiento, a la generación de empleo y al fortalecimiento del sector privado puede contribuir a reactivar la inversión y a recuperar la confianza en la economía chilena.

Durante los últimos años, diversos analistas y medios económicos han señalado que el bajo crecimiento ha sido uno de los principales problemas que ha enfrentado el país. Sin crecimiento sostenido resulta difícil mejorar salarios, generar empleo de calidad o fortalecer las oportunidades para miles de pequeñas y medianas empresas que sostienen gran parte de la actividad económica.

En ese contexto, una agenda económica que promueva la productividad, la inversión y el desarrollo empresarial adquiere especial relevancia. Fortalecer la capacidad de las empresas para crecer, innovar y competir no solo beneficia al sector privado, sino que también tiene un impacto directo en el bienestar de las personas a través de la creación de empleo y el dinamismo económico.

Las pequeñas empresas cumplen un rol fundamental en este proceso. En Chile, miles de pymes generan oportunidades laborales, desarrollan economías locales y contribuyen al tejido productivo del país. Sin embargo, para que estas empresas puedan crecer necesitan un entorno que facilite la actividad económica, reduzca barreras innecesarias y entregue mayor certeza para invertir.

En este escenario, instituciones del sistema de fomento productivo como SERCOTEC y CORFO pueden desempeñar un rol relevante si logran orientar sus instrumentos hacia el fortalecimiento de la productividad empresarial, la innovación y el desarrollo de nuevos mercados.

La experiencia internacional muestra que los países que logran crecer de manera sostenida son aquellos que promueven entornos favorables para la inversión, la innovación y el desarrollo empresarial. Una economía dinámica necesita reglas claras, instituciones eficientes y políticas públicas orientadas a facilitar la actividad productiva.

El nuevo ciclo político abre la posibilidad de avanzar en esa dirección. Impulsar una agenda de crecimiento económico, fortalecer el desarrollo de las pequeñas empresas y promover la inversión productiva pueden transformarse en pilares fundamentales para el desarrollo de Chile en los próximos años.

Más allá de las diferencias políticas, el desafío que enfrenta el país es claro: construir condiciones que permitan que las empresas crezcan, que se generen nuevos empleos y que la economía recupere su capacidad de avanzar con mayor dinamismo. En ese camino, el fortalecimiento de la productividad empresarial y el desarrollo del sector productivo serán claves para el futuro económico de Chile.

Muy bien Chile!!!

La permisología de las pymes: un problema económico subestimado

En los últimos años el concepto de “permisología” se ha instalado con fuerza en el debate económico chileno. Habitualmente se utiliza para referirse a los retrasos que enfrentan grandes proyectos de inversión, particularmente en sectores como la minería, la energía o la infraestructura. Sin embargo, existe una dimensión mucho menos visible de este fenómeno: la permisología que enfrentan diariamente las pequeñas empresas.

Para una gran compañía, la demora en un permiso puede implicar ajustes financieros o reprogramación de inversiones. Para una pyme, en cambio, un retraso administrativo puede significar que el negocio nunca llegue a abrir sus puertas. Un emprendimiento que depende de ahorros personales, crédito familiar o financiamiento limitado no tiene margen para esperar meses por una autorización.

La apertura de un pequeño negocio suele implicar múltiples trámites: patentes municipales, autorizaciones sanitarias, certificados de uso de suelo, recepciones finales o cambios de giro. Cada uno de estos procedimientos tiene una lógica regulatoria válida, pero cuando se acumulan sin coordinación pueden transformarse en una barrera importante para el desarrollo empresarial.

Desde la perspectiva del desarrollo productivo, el problema no es la existencia de regulación. Toda economía moderna necesita normas sanitarias, urbanísticas y de seguridad que protejan a las personas y ordenen la actividad económica. El desafío aparece cuando la regulación pierde eficiencia y se vuelve impredecible.

En este escenario, instituciones del sistema de fomento productivo como SERCOTEC suelen cumplir un rol relevante orientando a los emprendedores sobre los pasos necesarios para formalizar sus negocios. A través de la red de Centros de Negocios, muchos emprendedores reciben asesoría para enfrentar estos procesos administrativos. Sin embargo, el acompañamiento institucional no siempre logra compensar la complejidad estructural de los trámites.

Abordar la permisología de las pymes requiere avanzar hacia procesos más simples, coordinados y transparentes. No se trata de eliminar estándares regulatorios, sino de mejorar la forma en que estos se aplican, reduciendo tiempos y entregando mayor certeza a quienes buscan iniciar una actividad económica.

Si Chile quiere fortalecer su tejido empresarial y promover la creación de nuevas empresas, este problema debe ser abordado como parte de la agenda de crecimiento económico, queda muy claro que el proximo gobierno deberia poner mas atencion en estos temas y hacer de los nuevos emprendedores a empresarios y de empresarios a empresarios productivos

La importancia de ejecutar bien las políticas públicas

En el debate sobre políticas públicas suele ponerse gran atención en el diseño de nuevas leyes o programas. Sin embargo, la evidencia internacional demuestra que muchas políticas fracasan no por un mal diseño, sino por una implementación deficiente.

La ejecución de políticas públicas requiere liderazgo institucional, equipos capacitados, procesos claros y mecanismos de seguimiento que permitan corregir errores a tiempo. Sin estas condiciones, incluso las mejores iniciativas pueden perder efectividad.

En el ámbito del desarrollo productivo, la ejecución adquiere una importancia particular. Los emprendedores y pequeñas empresas necesitan respuestas rápidas y soluciones concretas para enfrentar los desafíos de sus negocios.

Instituciones como SERCOTEC y CORFO han desarrollado, a lo largo del tiempo, capacidades relevantes para implementar políticas de apoyo empresarial en todo el país. La existencia de redes territoriales, instrumentos de financiamiento y programas de acompañamiento empresarial constituye una base importante sobre la cual seguir construyendo.

Sin embargo, el contexto económico actual exige fortalecer aún más estas capacidades de ejecución. La coordinación entre instituciones, la simplificación de procesos y la mejora en la gestión de los programas son elementos clave para aumentar el impacto de las políticas públicas.

La academia ha insistido en que la capacidad del Estado para implementar políticas de manera efectiva es uno de los factores que explican las diferencias de desarrollo entre países.

En ese sentido, más que multiplicar iniciativas, el desafío consiste en ejecutar bien aquellas que ya existen, asegurando que los instrumentos de fomento productivo lleguen a las empresas con rapidez, claridad y efectividad.

Cuando las políticas públicas se implementan correctamente, el resultado no solo se refleja en estadísticas o indicadores administrativos, sino en empresas que crecen, empleos que se generan y territorios que se desarrollan.

Cuando la política pública no llega a las regiones

Uno de los principales desafíos de las políticas públicas de desarrollo productivo es lograr que sus instrumentos lleguen efectivamente a quienes más los necesitan. En muchas ocasiones, las iniciativas diseñadas a nivel central no logran desplegarse con la misma intensidad en todo el territorio.

Chile es un país con una diversidad productiva significativa. Las realidades económicas de una comuna agrícola, una ciudad portuaria o una localidad turística pueden ser completamente distintas. Diseñar políticas públicas con una lógica homogénea puede generar brechas importantes en su implementación.

Aquí es donde la presencia territorial de las instituciones de fomento productivo adquiere una relevancia estratégica. La red de Centros de Negocios de SERCOTEC, por ejemplo, ha permitido acercar herramientas de gestión empresarial a miles de emprendedores que, de otro modo, tendrían dificultades para acceder a este tipo de apoyo.

Del mismo modo, los programas regionales impulsados por CORFO han buscado fortalecer ecosistemas productivos específicos, promoviendo clusters, redes de innovación y proyectos colaborativos entre empresas, universidades e instituciones públicas.

La experiencia demuestra que las políticas públicas funcionan mejor cuando logran adaptarse a las realidades territoriales y cuando cuentan con equipos capaces de interpretar las necesidades locales.

El desafío no es solo descentralizar recursos, sino también desarrollar capacidades institucionales en los territorios que permitan implementar las políticas de manera efectiva.

Cuando la política pública logra conectar con el territorio, los instrumentos de fomento productivo dejan de ser programas abstractos y se transforman en herramientas concretas para impulsar el desarrollo económico local.

Programas públicos: del subsidio al impacto económico real

Uno de los principales desafíos de la política pública en materia de desarrollo productivo es pasar de la lógica de la entrega de subsidios hacia una lógica centrada en resultados económicos concretos.

Durante años, muchas iniciativas públicas han sido evaluadas principalmente por indicadores de gestión administrativa: número de beneficiarios atendidos, cantidad de proyectos financiados o número de capacitaciones realizadas. Sin embargo, estos indicadores no necesariamente reflejan el impacto real que dichas políticas generan en la economía.

El verdadero desafío es medir resultados más relevantes: aumento en ventas, generación de empleo, crecimiento de las empresas o consolidación de nuevos mercados. Este enfoque es el que ha comenzado a instalarse progresivamente en distintas instituciones del sistema de fomento productivo chileno.

En el caso de SERCOTEC, los Centros de Negocios han incorporado metodologías de seguimiento que permiten evaluar el impacto de la asesoría empresarial en el desempeño de las pymes. El acompañamiento permanente, la identificación de brechas y el apoyo en áreas clave como gestión comercial o digitalización han demostrado ser herramientas efectivas para mejorar la competitividad de las pequeñas empresas.

Por otro lado, CORFO ha impulsado programas orientados a fortalecer la innovación empresarial, promoviendo proyectos que generen nuevos productos, procesos o modelos de negocio. Estos instrumentos buscan precisamente aumentar la productividad y la capacidad de crecimiento de las empresas.

La literatura académica sobre evaluación de políticas públicas es clara en este punto: las políticas de desarrollo productivo deben medirse por su impacto económico real y no solo por su nivel de ejecución presupuestaria.

Esto implica también mejorar la coordinación entre programas, evitar duplicidades institucionales y asegurar que los recursos públicos se orienten hacia iniciativas con mayor potencial de impacto.

En un contexto donde el crecimiento económico vuelve a ser una prioridad para el país, la pregunta ya no es solo cuántos programas existen, sino qué resultados están generando en la economía real.

Cómo el Estado puede ayudar a crecer sin volverse un obstáculo

El rol del Estado en el desarrollo económico ha sido objeto de debate permanente. Mientras algunos sostienen que el mercado debe operar con mínima intervención, otros consideran que el crecimiento depende de una acción pública decidida. En la práctica, la experiencia internacional muestra que las economías más dinámicas logran un equilibrio: un Estado que establece reglas claras, reduce fricciones y facilita el desarrollo empresarial.

En Chile, el desafío no ha sido tanto la ausencia de políticas públicas orientadas al emprendimiento, sino su correcta implementación. Durante las últimas décadas se ha construido un sistema de fomento productivo que combina financiamiento, acompañamiento empresarial y programas de innovación. Instituciones como CORFO han impulsado instrumentos orientados al desarrollo tecnológico, la innovación y la competitividad, mientras SERCOTEC ha centrado su trabajo en el apoyo directo a emprendedores y pequeñas empresas.

El problema surge cuando la política pública, en lugar de facilitar el desarrollo empresarial, se transforma en una carga adicional para quienes buscan emprender o hacer crecer sus negocios. Trámites excesivos, programas poco coordinados o instrumentos difíciles de acceder pueden terminar generando el efecto contrario al buscado.

Un ejemplo interesante de cómo el Estado puede facilitar el desarrollo empresarial es la red de Centros de Negocios impulsada por SERCOTEC, que entrega asesoría técnica gratuita a pequeñas empresas en todo el país. Este modelo, inspirado en experiencias internacionales como el Small Business Development Center (SBDC) de Estados Unidos, demuestra que el acompañamiento empresarial puede generar mejoras concretas en ventas, formalización y crecimiento de los negocios.

Por su parte, CORFO ha desarrollado instrumentos orientados a fortalecer la innovación y el emprendimiento dinámico, permitiendo que nuevas empresas tecnológicas o proyectos de alto potencial puedan acceder a financiamiento y redes de apoyo.

El desafío hacia adelante no es crear más instituciones, sino mejorar la articulación entre las existentes, reducir la burocracia y fortalecer la capacidad de ejecución. Cuando el Estado logra facilitar el crecimiento empresarial sin interferir innecesariamente en la operación de las empresas, se convierte en un aliado del desarrollo económico.

En definitiva, el objetivo de la política pública no debería ser reemplazar al mercado, sino crear las condiciones para que las empresas puedan crecer, innovar y generar empleo.